¿Así que consulta previa, libre e informada?

VAMOS A ANDAR

Rafael Puente

Siempre supimos que las leyes van encaminadas a hacer posible la materialización de los principios constitucionales y a resolver los problemas del país y la sociedad.

Sin embargo, el nuevo proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada parece ir encaminado a limitar y socavar un derecho que no sólo se encuentra definido en nuestra Constitución, sino que se deriva de dos normas internacionales que nuestro país ha ratificado formalmente (el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Bolivia el año 1991; y la Declaración de Naciones Unidas sobre el tema, suscrita el año 2007, o sea por el actual Gobierno).

Dicha ley viene trabajándose hace dos años, en los cuales la CIDOB, el CONAMAQ y la APG habían presentado sendos proyectos (siguiendo el principio también constitucional de la participación social). 

Sin embargo, el Gobierno ha elaborado su propia propuesta (que hace caso omiso de las anteriores, vulnerando dicho principio, y que en el fondo parece tomar como modelo la tristemente famosa "consulta” realizada de facto en el TIPNIS). Las diferencias entre unas y otra parecen ser significativas:

Las organizaciones indígenas -ateniéndose a lo acordado con la OIT y la ONU- plantean que sea materia de consulta cualquier medida legislativa que afecte a pueblos indígenas. 

La propuesta gubernamental reduce la consulta a la explotación de recursos extractivos. ¿No resulta arbitrario?

Las organizaciones indígenas planteaban que la consulta fuera llevada a cabo por una tercera instancia confiable (multi-institucional, con participación del Gobierno, de los pueblos indígenas y de otras instancias, como el Defensor del Pueblo o la Asamblea de Derechos Humanos. A fin de cuentas lo que está en juego son precisamente los derechos del pueblo). La propuesta gubernamental es que sea nomás el Gobierno el que consulte. ¿No resulta unilateral?

Las organizaciones indígenas pretenden ser consultadas a partir de su propia existencia real y de sus propias formas organizativas. La propuesta gubernamental pretende que sólo sean consultadas las organizaciones legalizadas como tales por el Estado (y además sólo las comunidades directamente afectadas por el proyecto extractivo objeto de la consulta). ¿No resulta sospechoso?

Además, parece ser que el proyecto gubernamental ha sido socializado, pero no por eso ha sido consensuado. Más aún, a la hora de socializarlo se ha convocado sólo a las directivas pro-gubernamentales de la CIDOB y del CONAMAQ (y de hecho han estado ausentes organizaciones tan importantes, como la Asamblea Guaraní y la Confederación Moxeña). ¿No se está vulnerando de entrada la democracia plurinacional?

Pero, además, cabe hacerse otra pregunta preocupante: ¿Por qué este tema está siendo conducido por el Ministerio de Gobierno (como por cierto también ocurrió con la última Ley Minera)? 

Por lo que sabemos, el Ministerio de Gobierno es responsable de la seguridad del Estado, de la seguridad ciudadana, del orden público, de la "defensa civil”. ¿Desde qué perspectiva le corresponde la consulta previa? ¿Para qué existe ese Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales? ¿O será que se considera a los pueblos indígenas cómo potenciales subvertores del orden, cómo potenciales delincuentes, cómo un peligro para la seguridad del Estado?

Y otra pregunta, que ya se nos ha venido a la mente en otras ocasiones: ¿Para qué pagamos a legisladores y legisladoras, si las leyes las hace el Órgano Ejecutivo? Y una pregunta final y definitiva: ¿para qué aprobamos como país convenios internacionales, como los dos mencionados, si luego los vamos a pasar por alto siempre que a alguien poderoso le convenga?

Demasiadas preguntas y probablemente para que nadie las responda.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

¿Para qué aprobamos como país convenios internacionales, como los dos mencionados, si luego los vamos a pasar por alto siempre?

¿Cada vez más Estado y menos sociedad? INTERESANTE ARTICULO

VAMOS A ANDAR

Rafael Puente

La repentina expulsión de IBIS-Dinamarca ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de las relaciones entre Estado y sociedad civil.

Lo alarmante no es el hecho  -en el fondo anecdótico- de que IBIS ya no pueda trabajar en Bolivia, aunque para muchas instituciones bolivianas y para sus contrapartes sociales pueda resultar realmente grave; lo verdaderamente alarmante es que su expulsión está poniendo a la vista la actitud de nuestro  flamante Estado Plurinacional respecto a la sociedad civil, que, a fin de cuentas, debiera ser el sujeto central a cuyo servicio debería estar el Estado, y no al revés.

Desde la guerra del agua se perfilaba como componente esencial de este proceso de cambio un creciente protagonismo de la sociedad y una creciente reducción del papel del Estado -"cada vez más sociedad y menos Estado” parecía ser la consigna-, que fue lo que de manera prometedora se plasmó en los muchos artículos de la nueva Constitución que hacen referencia a la participación y el control social. 

El concepto de Estado participativo era efectivamente una de las grandes y atrevidas novedades por las que votamos en enero de 2009. Digo novedad atrevida porque históricamente está comprobado que en la entraña misma del Estado está la tendencia a restringir la participación social, a concentrar el poder, a elevarse por encima de la sociedad civil; sin embargo, de 2000 a  2009 parecía que íbamos por ese camino diferente y prometedor. 

Hoy nos encontramos con que no estamos siendo capaces de semejante atrevimiento por parte del Gobierno ni por parte de las organizaciones sociales (que por algo han dejado de ser movimientos sociales).

Lo de IBIS no es más que un síntoma. Ahí está también el afán por controlar y someter al conjunto de las ONG, a las que se sataniza de manera global (sin distinguir entre unas y otras ONG sólo por el hecho de constituir células de una sociedad civil que no interesa que vaya siendo cada vez más orgánica), como está el afán por controlar y someter a las organizaciones sociales (es decir a aquellas que no se sometan y dejen controlar espontáneamente).

No es casualidad que la expulsión de IBIS tenga como detonante el conflicto suscitado con la intervención del Conamaq. El tema importante es ése, y dentro de esa preocupación resulta irrelevante que IBIS apoyara también a la CIDOB  oficialista de doña Melva Hurtado. 

Lo que en el fondo no se quiere admitir es que haya células de sociedad civil que se comporten de manera autónoma, más allá de si son amarillas o de qué color.

Otro síntoma de lo mismo es el regalo de vehículos a las FUL, o Federaciones del Trópico, o la construcción estatal de sedes sindicales, que son otras tantas formas de intervención del Estado en los organismos o células de la sociedad civil, cuando lo coherente sería, precisamente, la no-intervención.

Dejemos que la sociedad civil se organice y también que cometa errores, y dejemos que sea la sociedad civil la que corrija esos errores, si es que es capaz. Si no es capaz, no sirve para nada que desde el Estado se intente corregirlos, ya que al hacerlo se está violando lo esencial de la sociedad civil, que es su autonomía.

La lógica revolucionaria es precisamente la inversa: es la sociedad civil la que tiene que intervenir en el Estado -ésa es la famosa y desgastada participación-, es la sociedad civil la que tiene la última palabra. 

No olvidemos -¡gracias a Boris Miranda por recordárnoslo tan bien en su libro La última tarde del adiós!- que este proceso de cambio se gestó en las más diferentes formas de insubordinación civil frente a un Estado  que violaba los intereses del país y de nuestros pueblos. 

¿Que el actual Estado es diferente del anterior? Por supuesto, pero quien tiene que evaluar eso es precisamente la sociedad civil. Para que, a su vez, esa evaluación sea válida, el Estado no tiene que meterse (salvo cuando se encuentra con violaciones a la Constitución, o con intentos de mediar la intervención de otros Estados en el nuestro, que podía ser el caso de Usaid, pero no el de IBIS-Dinamarca). O ¿es que le tenemos miedo a una sociedad autónoma y organizada?

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.

¿Bloquear el Dakar?

*Rafael Artigas

Hace un par de días el famoso dirigente indígena Rafael Quispe, sugirió que el CONAMAQ bloquee el rally Dakar con alambres de púas en protesta por la decisión del gobierno de cerrar la sede de la organización indígena a través de la Policía en un barrio de Sopocachi en La Paz.

El otrora agitador del TIPNIS y amigo íntimo de los que traicionaron a la causa indígena (Adolfo Chávez y Pedro Nuni) Rafael Quispe, señaló que el bloqueo a la competencia internacional es una determinación tomada por las TCO’s que se encuentran en Potosí.

Más allá de la descabellada idea de Quispe de tratar de impedir que el rally Dakar pase por sus comunidades, ésta maniobra es otra manera de buscar pretexto para dirigir la estrategia de confrontar y seguir el libreto de los opositores, que a cualquier precio, siempre inventan motivos para conspirar al país.

Recordemos que estamos en un tiempo electoral, el 2014 está a las puertas y todo lo que venga por acomodarse en alianzas, junt’uchas, nos debe llevar a pensar que los líderes de organizaciones indígenas, son quienes serán de ahora en adelante la fruta exquisita y preferida para los opositores hambrientos de poder.

Por ello, la debilidad, será la posición que cada día vayan adoptando esas dirigencias que se dejaron embelesar con ese grupo de logieros de la casta de Rubén Costas y, que por ello, perdieron el horizonte político y esa variación, se la llevó penosamente, una gran parte de las dirigencias de las organizaciones indígenas de tierras bajas, que nunca tuvieron una definición política, es más, siempre rehuyeron al compromiso ideológico.

En el caso de Adolfo Chávez, la lección fue dura, porque recibió el revés de su organización por el pacto con Rubén Costas, que ahora, le debe llevar a repensar que cualquier decisión que tome en el futuro, primero pase por su organización, respete y oiga la decisión de sus bases, antes de anteponer sus inclinaciones personales o grupales.

En el caso de los dirigentes del CONAMAQ, existen dirigentes, como el caso de Quispe, que obran también en función de sus intereses personales, se volvieron en contra del gobierno simplemente porque a un grupo de ellos, no se les otorgó las “pegas” que pedían, actitud que también demuestra la fragilidad de su pensamiento por el bien común.

Tal es así que hace un par de meses, Rafael Quispe ya entró en campaña personal cuando a nombre del CONAMAQ y los dirigentes del Partido Verde de Bolivia firmaron una alianza estratégica, que buscará participar no sólo en las elecciones de 2014, sino en los comicios municipales y de gobernadores, que se celebrarán en el país.

La dirigencia actual del CONAMAQ está viendo de cerca los apetitos personales de Rafael Quispe, porque incluso quiere serpresidenciable y consideran que su participación en la marcha del TIPNIS también lo hizo más buscando un beneficio personal y de servicio a la derecha y nada en favor de su organización, como es el CONAMAQ.

Es lamentable la actitud política de los antipatrias que, por el sólo hecho de estar en contra del gobierno, recurren al discurso de la confrontación, incitan ahora a bloquear el Dakar y no miran la dimensión que representa una competencia internacional que le traerá muy buenos réditos a nuestro país en su carácter de promoción turística y cultural.

El próximo año, 2014, será el año de los Pueblos Indígenas, buena oportunidad para analizar el entramado de posturas y actitudes políticas de los líderes de las organizaciones indígenas que pondrán sobre la mesa su identidad ideológica y muchas de éstas, serán cuestionadas porque utilizaron a sus organizaciones indígenas, como el paraguas para justificar la defección del proceso de transformaciones.

La historia, sabemos, es la historia de las ambiciones humanas, unas más nobles otras más perversas, unas de proyectos comunes, otras de ambiciones personales; ojalá no estemos a las puertas de mayores frustraciones de dirigentes y líderes indígenas, ya que salieron del pueblo y fue el pueblo que los entregó para que sirvan al pueblo y no para que se sirvan de éste.

*Rafael Artigas, es comunicador e investigador orureño

¡Revocaron al último jacobino!

Por Rafo Artigas (tomado de alai-amlatina)


Pese a que algunos analistas se atrevieron a justificar como quisieron (técnica, política y legal) que el último jacobino no sería revocado, yo me atreví a decir que desde antes del fatídico 26 de diciembre del pasado año ya fue revocado!


Recordemos primero de donde vino el pedido de revocatorio a su mandato y pongamos en contexto, los elementos que contienen para justificar no sólo legalmente, no técnicamente como dicen por ahí los vinculados a esferas del Tribunal Electoral, y los que quieren tapar las meteduras de pata de quién se dice es el número dos en el manejo del aparato gubernamental.


En el mes de enero dos organizaciones de reconocimiento en el país propusieron la revocatoria de mandato, por un lado, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) responsabilizó al último jacobino de la actual coyuntura política y económica que vive el país, por lo que abrió la posibilidad de pedir su revocatoria de mandato.


El Jiliri Apu Mallku de esa organización, Sergio Hinojosa, dijo que él es responsable del incremento del precio de los artículos de primera necesidad y de la exclusión del sector indígena originario campesino en la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa.


El dirigente aseguró que si las bases del CONAMAQ piden la revocatoria del último jacobino, el directorio se hará eco de esa solicitud, así como del pedido de renuncia de ministros cuestionados.

Por su parte el dirigente del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), Celestino Condori, planteó también en el mes de enero un referéndum para revocar el mandato del último jacobino y señaló a los ministros del gabinete del presidente Evo Morales, como los responsables de la crisis económica provocada por el gasolinazo del Gobierno.

El presidente de COMCIPO observó la falta de decisión del Jefe de Estado para cambiar a los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; de Autonomías, Carlos Romero; de Economía Luis Arce Catacora y de la Presidencia, Óscar Coca, a quienes calificó de ser oportunistas.

Finalmente son los trabajadores afiliados a la COB que en ampliado y con decisión mayoritaria en Tarija propusieron que se lleve adelante un referéndum revocatorio. Ahí no había voces de “infiltrados” o del propio Jaime Solares que agiten las banderas, no, fue Pedro Montes quien tomó la palabra en nombre de los trabajadores para asumir con valentía esa propuesta.

Lo de la COB viene precedido por la respuesta que diera el último jacobino a las negociaciones que se realizaron con el gobierno casi como descalificándolo nada menos al propio Montes quien le dobló la pulseta al gobierno, -un aliado estratégico del propio Morales- de manera contundente y sin que prime argumentos de otra índole.

Pero el gran perdedor de esa contienda no fue el gobierno ni Evo Morales, la gran mayoría de los sectores laborales señalaron al Vicepresidente, Alvaro García Linera como el gestor de la gran división del gobierno con los trabajadores del país.

La muestra mas evidente de ese alejamiento fue cuando en dos oportunidades, el último jacobino, descalificó la trayectoria y la lucha histórica de la COB en las negociaciones, calificándola de “desestabilizadora y gestora de un golpe de estado”, cuando sus propios líderes y su ejecutivo dijeron que era un pretexto para justificar su escasa o nula capacidad de dar respuesta a las demandas de la COB.

Por ahí pasa pues el sentido de su pedido de revocatorio y su descalificación de parte del movimiento campesino, indígena, de los trabajadores del campo y la ciudad, de los propios intelectuales que, apostando por el cambio, pusieron el dedo acusador al gestor del resquebrajamiento de la línea del proceso.

Se trata de identificar y condenar esas actitudes sin ética, sin moral, antirrevolucionarias que descomponen y desorientan a un gran conglomerado que acompaño las luchas sociales y que se sienten defraudados por actitudes que ya nos alertan de posibles extravíos y posibles afanes de búsqueda de poder por su escasa visión histórica.

Ese es el fondo del asunto y no se trata de rabietas o amenazas de un dirigente malhumorado y que quiera hacerse al vivo, o de unos cuantos que buscan protagonismo. No, no va por ahí. El sentimiento de frustración y de desencanto va creciendo y lo preocupante es que ello genere en una gran desmovilización e inconsciencia del propio pueblo boliviano que cree aun en este proceso!

Es tan pero tan curioso que después que una gran mayoría de los movimientos sociales le cuestionan porque afectó los intereses de su propia clase, atacó a su compromiso ideológico, llega éste y todavía se atreve a pedir que “defiendan el proceso de cambio”. ¡Que ironía!

Y si quieren utilizar el tono de los “causales” de revocatoria u otros también lo anotamos:”quiebra de legitimidad”. Sí, lo afirmamos porque se aleja de las aspiraciones legítimas que las organizaciones hicieron posible para que llegue donde se encuentra.


“Incumplimiento del programa de Gobierno”. Porque también se entretuvo en colocar primero su “imagen” antes que impulsar la gestión. Y “desviación respecto a las promesas de campaña”, ligado a lo anterior y que no ha cumplido la aspiración del pueblo boliviano cuando en campañas señalaron que iban a trabajar junto a las organizaciones sociales, hoy por hoy, solo de nombres.


Entonces, con todos estos elementos no necesitamos llevar adelante en la formalidad, un referéndum, con convocatoria a las urnas y demás vainas, no. El revocatorio empezó hace mucho tiempo, en el descontento popular en las calles, mercados, en los barrios, en ampliados de organizaciones que creyeron en el último jacobino.


Lo demás, esta dicho. Si ustedes quieren comprobarlo vayan a las propias organizaciones hablen con ellas, vayan a los centros de plazas y parques de las ciudades y el campo, consulten a la gente mas sencilla y conocerán el verdadero resultado del revocatorio al ultimo jacobino! Ahí esta lo legítimo, lo demás son puro cuento!

(Tomado de Alai-amlatina)

COB evalúa impulsar la revocatoria de Alvaro García Linera

El Ampliado también exige la renuncia de dos ministros

(Tomado de La Razón, 29 de abril de 2011)

“Por las acciones y algunas declaraciones que han hecho algunos de nuestros gobernantes como el Vicepresidente, (los compañeros) han pedido su revocatoria y también la renuncia de dos ministros, de Salud (Nila Heredia) y de Trabajo (Félix Rojas)”, dijo el ejecutivo del ente, Pedro Montes, a la red ATB.

La reunión tuvo la participación de los delegados de 41 organizaciones afiliadas a la COB. El pedido de revocatoria será definido en el próximo ampliado que se realizará en Tupiza, Potosí, en dos semanas, donde además se definirá la fecha para el congreso de la organización.

Otra de las determinaciones fue declarar un estado de emergencia de los trabajadores ante el anuncio del Gobierno de descontarles por los días no trabajados durante la huelga de dos semanas por un incremento salarial mayor al 10%. “La huelga demostró la esencia de la COB y su unidad”, remarcó Montes y luego amenazó con otras medidas.

Según la Agencia de Noticias Fides, en el ampliado se exhortó al Gobierno a cumplir con el acuerdo firmado entre ambas partes, en el que se establece que la huelga general indefinida es un derecho de los trabajadores. La COB brindó un decidido respaldo a los jubilados, a quienes envió un mensaje de fortaleza de parte de todos los trabajadores y de apoyo en sus reivindicaciones.

Wálter Hoyos, dirigente de los jubilados de Tarija, indicó que en el ampliado se logró un acuerdo con los trabajadores para que apoyen las movilizaciones de los rentistas en caso de no tener una respuesta positiva por parte del Ejecutivo. Según ANF.

Antes de la COB la CONAMAQ y COMCIPO

En el mes de enero dos organizaciones de reconocimiento en el país también propusieron la revocatoria de mandato, por un lado, El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) responsabilizó al vicepresidente Álvaro García Linera de la actual coyuntura política y económica que vive el país, por lo que abrió la posibilidad de pedir su revocatoria de mandato.

El Jiliri Apu Mallku de esa organización, Sergio Hinojosa, dijo que el vicemandatario es responsable del incremento del precio de los artículos de primera necesidad y de la exclusión del sector indígena originario campesino en la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa.

El dirigente aseguró que si las bases del CONAMAQ piden la revocatoria de García Linera, el directorio se hará eco de esa solicitud, así como del pedido de renuncia de ministros cuestionados.

Por su parte el dirigente del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), Celestino Condori, planteó en el mes de enero un referéndum para revocar el mandato del vicepresidente Álvaro García Linera y señaló a los ministros del gabinete del presidente Evo Morales, como los responsables de la crisis económica provocada por el gasolinazo del Gobierno.

El presidente de COMCIPO observó la falta de decisión del Jefe de Estado para cambiar a los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti; de Autonomías, Carlos Romero; de Economía Luis Arce Catacora y de la Presidencia, Óscar Coca, a quienes calificó de ser oportunistas.

"La cabeza de esa élite palaciega es Álvaro García Linera; de ahí que nosotros concluimos que con su capitalismo andino él mueve los hilos detrás del trono. Es un hombre que no sale a la luz, que tiene un perfil bajo. Por eso, decimos que el presidente Evo Morales no gobierna, el que gobierna es García Linera y por lo tanto proponemos que debe haber un referendo para revocar su mandato", dijo.

Condori responsabilizó al gabinete de ministros de los "errores económicos" que precipitaron a Evo Morales a lanzar el Decreto 748, más conocido como gasolinazo, el 26 de diciembre del pasado año, y que fue derogado el 31 de diciembre tras una revuelta popular a nivel nacional, que puso en vilo al Gobierno del MAS.

Conflicto COB-Gobierno: lecciones a aprender

Un gran conglomerado de ciudadanos unánimemente señaló que tras el conflicto del gobierno con la COB, los trabajadores le doblaron la pulseta y contra todo pronóstico, la COB ganó la contienda, después que insistentemente el gobierno mantenía su propuesta de no incrementar el 10 por ciento, la COB se alzo en las calles y con el respaldo de la propia población en la mayoría de los departamentos logro arrancarle al gobierno dos puntos más en la negociación.

Y es que no necesitamos de analistas y de expertos en economía o conflictos sociales para determinar con claridad que, después que llega Morales al gobierno, una de las negociaciones donde los trabajadores logran arrebatar al gobierno es la COB de Pedro Montes -un aliado estratégico del propio Morales- de manera contundente y sin que prime argumentos de otra índole.

Pero el gran perdedor de esta contienda no es el gobierno ni Evo Morales, la gran mayoría de los sectores laborales han señalado a Vicepresidente, Alvaro Garcia Linera como el gestor de la gran división del gobierno con los trabajadores del país.

La muestra mas evidente de ese alejamiento fue cuando en dos oportunidades, Garcia Linera, descalificó la trayectoria y la lucha de la COB en las negociaciones calificándola de “desestabilizadora y gestora de un golpe de estado”, cuando sus propios lideres y su ejecutivo dijeron que era un pretexto para justificar su escasa o nula capacidad de dar respuesta a las demandas de la COB.
Miremos las dos conductas de los protagonistas de esas casi dos semanas donde vimos un “in crescendo” en las movilizaciones de la COB y el “susto” del gobierno por una masiva presencia en el centro político con mineros de Huanuni.

La COB arranca su movilización un tanto tímida y con un cálculo político débil, ya que su apuesta a la demanda del 10 por ciento, por ahí iba a ser desbaratada. Sus dirigentes fueron claros de inicio y plantearon que no se iban a quedar tranquilos con el 10 por ciento.

El dirigente Machaca sugiere actualizar la línea de pensamiento de la COB y tomar en cuenta la realidad del Estado Plurinacional. En cambio Milton Gómez observa equivocaciones de ministros, y Franklin Pareja ve a organizaciones más críticas del proceso de cambio.

“El Gobierno tiene que reactivar el aparato productivo y para eso necesita mucho dinero y tecnología, tiene que implementar el Seguro Universal de Salud y no puede retirar los bonos”, dijo Pareja.

“En la COB puede haber voces disidentes, pero la mayoría de los militantes estamos con el proceso de cambio, pero también queremos resultados, ya han pasado algunos años (desde el inicio del proceso)”, nos decía Milton Gómez.