El accionar de los posibles “corruptos”[1] y “extorsionadores”[2], que ejercieron el poder político desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia y desde la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), debe investigarse desde que llegaron a esos cargos (sin olvidar otros antecedentes) y no sólo las probables extorsiones a los enjuiciados por los gobernantes sino los actos político-represivos[3](Caranavi, Chaparina, Yapacaní, entre otros) que fueron instruidos y/o consentidos por los principales gobernantes.
Nosotros afirmamos que entre el pensamiento y la acción de esos operadores del poder político, de este tiempo de cambios, no hay diferencias sustanciales entre el ejercicio suyo del poder político, con represiones y matanzas contra gente del pueblo movilizada por sus derechos legales y legítimos, y el ahora descubierto accionar corrupto y extorsionista de los funcionarios públicos, hasta hace días.
Claro está que el uso de la fuerza para desbaratar y/o derrotar la lucha (reivindicativa, social, política, ideológica y cultural) de esos sectores del pueblo, no debieron ocurrir jamás ordenado por gobernantes que todavía creen que impulsan una revolución democrática y cultural.
Nos referimos a los actos político-represivos que resumimos en esta y otras notas, los que tuvieron lugar los últimos años:
—La desarticulación del bloqueo del camino Caranavi-La Paz en demanda de una planta procesadora de cítricos en la capital provincial, fue ordenada por el Presidente, tal como él se encargó de aclarar.
Entonces el ministro de Gobierno Sacha Llorenti, apoyado en tres mentiras difundidas por él, ordenó que policías (posiblemente colaborados por miembros de las Fuerzas Armadas del país), desarticulen ese bloqueo y luego de ese operativo, sin necesidad aparente, las fuerzas represoras ingresaron a la ciudad intermedia de Caranavi y en ese trayecto policías dispararon contra dos estudiantes (“evistas” y “masistas”, según testimonios suficientes) y se les tronchó la vida, el máximo derecho humano.
El ministro Llorenti en esa oportunidad divulgó mentiras que no han sido ni confirmadas ni desmentidas con una averiguación pertinente (investigar quiere decir reconocer lo que ya se conoce y descubrir un nuevo conocimiento). El otrora Ministro, ahora Embajador de Bolivia en la ONU, en vez de ser investigado, procesado y sancionado, ha sido premiado por el presidente Morales. He aquí las tres mentiras con las que, el ex ministro, intentó explicar y/o justificar la represión en Caranavi, mayo 2010: en Caranavi opera un grupo político armado, contra los dos estudiantes (Mario Fidel Hernani y David Calisaya) dispararon francotiradores y la fuerza pública fue desplazada a Caranavi para evitar un enfrentamiento entre los bloqueadores de la vía citada y los cooperativistas auríferos de Guanay.
Una investigación, que descubra y que no encubra, establecería la participación de los funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia, así como de Dircabi, ahora responsabilizados de corrupción y de extorsión.
—La represión contra los indígenas, que realizaban la VIII marcha en defensa del TIPNIS, de acuerdo a la información de la que disponemos, fue ordenada por el presidente Juan Evo Morales Ayma y asumida por los gobernantes como una orden insoslayable.
Para impedir que esa marcha llegue a La Paz, los gobernantes pidieron a los colonizadores que organicen el bloqueo en Yucumo (Beni) para el que hubo apoyo político y económico desde el gobierno. Además, los colonizadores en ese momento confesaron, entre otras cosas, que esperaban que se les dote de más tierras en el TIPNIS a las que, añadieron, tienen derecho como todos los bolivianos.
Con el mismo propósito —impedir que esos marchistas arriben a la sede de gobierno— fueron enviados policías y ministros como el Canciller. No debemos olvidar que los policías también impidieron que la marcha siga su camino so pretexto de evitar un enfrentamiento entre indígenas de las tierras bajas e interculturales, es decir, colonizadores.
La represión a los indígenas en Chaparina tuvo como propósito fundamental acabar con la marcha. Sin embargo, el apoyo de gente del pueblo beniano impidió que los marchistas, detenidos por policías, retornen a Trinidad rumbo a sus comunidades, para lo que incluso se intentó usar aeronaves.
Si la represión desorganizaba la marcha, el Presidente y los gobernantes hubieran defendido esa acción, aunque el primer mandatario aseguró que nunca dispuso esa medida de fuerza contra los marchistas. Para los que leen nuestra realidad, de manera crítica, los gobernantes actuales utilizan un discurso destinado sobre todo a salvar de toda culpa al presidente Morales y, en consecuencia, están dispuestos a sacrificar a los llamados mandos medios del gobierno. Al fin de cuentas, Evo Morales es candidato a la reelección, a pesar de que la nueva Constitución Política del Estado le prohíbe.
Incluso el cuento de que no hubo orden ni presidencial ni vicepresidencial ni del ministro Sacha Llorenti para la represión de los indígenas en Chaparina y que hubo sí “ruptura de la cadena de mando”, es decir, que algún jefe policial dio la orden para ese operativo, persiguió el mismo objetivo: acabar con la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, lo que decidieron los gobernantes antes de los hechos monstruosos de Chaparina (25-IX-11).
Varios de los ahora sindicados como corruptos y extorsionadores formaron entre los operadores de la represión en Chaparina. A Boris Villegas, entonces director de Régimen Interior, se lo vio durante esa represión antiindígena en el lugar de los hechos. En este momento B. Villegas es señalado como un prominente integrante del grupo de presuntos corruptos y extorsionadores.
El papel de esos operadores del Ministerio de Gobierno tiene que ser esclarecido si se realiza una investigación (averiguación) que descubra y que no encubra.
—La participación de los que fueron funcionarios del gobierno, actualmente señalados como corruptos y extorsionadores, en los hechos luctuosos de La Calancha (Sucre) y del Hotel Las Américas de Santa Cruz, a cuya consecuencia murieron los llamados terroristas encabezados por Eduardo Rozas Flores, también deben ser investigados exhaustivamente. Nosotros volveremos sobre estos temas.
—Respecto del apresamiento y expulsión de tres peruanos y un niño, así como el intento de suspender el asilo político a un cuarto peruano (José Antonio Cantoral), que reside en Bolivia 19 años, sugerimos leer la nota específica que publicamos en este número 95 de Aquí.
—Sobre la presunta complicidad de fiscales y jueces, con los presuntos autores de corrupción y extorsión, la gente demanda una averiguación esclarecedora antes que encubridora. Nosotros recordamos a nuestros lectores que jueces y fiscales, como comportamiento habitual (lo que no niega las excepciones) cobran dinero u otras prebendas para conseguir resoluciones favorables o lo contrario, con la agravante de que los litigantes sólo se enteran si son favorecidos o desfavorecidos, con fallos de jueces y fiscales sobornados, cuando aquéllos son dictados y el momento en el que los interesados son notificados con esos fallos.
Preliminarmente nosotros anotamos un fundado temor respecto del tratamiento político y jurídico del caso de los supuestos corruptos y extorsionadores: que haya una investigación encubridora en vez de esclarecedora; que en un proceso amañado se sancione a los más débiles y se los exima de pena y culpa a los que ordenaron y/o toleraron las acciones de los ex funcionarios del actual gobierno, ahora investigados; que una propaganda mentirosa consiga que la gente del pueblo (que es la que más nos interesa) acepte y consienta que los actuales gobernantes combaten la corrupción, como no se lo hizo antes; que con esa misma propaganda falaz logren “separar” el accionar político-represivo, de los investigados por corrupción y extorsión, del comportamiento delincuencial de esos ex funcionarios públicos.
Constatamos asimismo: ausencia de una dirección política colectiva; gobernantes sin una mínima formación ni política ni ética; operadores gubernamentales sin una ideología revolucionaria; sin unidad del pueblo como fuerza motriz de los cambios, pero a la vez dividido; un gobierno en el que predominan los que ejercen el poder político para conseguir beneficios particulares y/o grupales, lo que apunta en contra de las realizaciones colectivas del pueblo boliviano.
Afirmamos, por tanto, que en el actual gobierno se destacan los que tienen un comportamiento indecoroso en el discurso y en la acción.
[1] “Corrupción. (…) 4. Derecho. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilizaron de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores (…)”, según el Diccionario de la Lengua Española.
[2] Extorsión. (…) Amenaza de pública difamación o daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de él dinero u otro provecho. 2. Presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido”. Del Diccionario de la Lengua Española.
[3] Represión. (…) 3. Acto o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales (…)”. Diccionario de la Lengua Española.
