Por Mauricio Carrasco*
Periodista que entre agosto y diciembre de 2007 fue enviado especial del diario La Prensa a la capital del país y delegado para cubrir las incidencias de la Asamblea Constituyente.
Los violentos sucesos que se desataron durante las jornadas del 23, 24 y 25 de noviembre de 2007 en Sucre –saldados con tres fallecidos, más de 300 heridos y una docena de cuarteles policiales bajo el fuego– fueron cuidadosamente planificados por los cívicos del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, organización que reunía a todas las instituciones públicas, privadas y sindicales del departamento, excepto a la de campesinos.
Formalmente, el presidente del Comité y rector de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime Barrón, negó en su momento que se hubieran planificado los hechos de noviembre, pero un alto miembro de la entidad regional vinculado con la Iglesia Católica, y cuya autoridad es reconocida no sólo en el ámbito departamental, sino también nacional, desmiente al cívico y sostiene lo contrario.
“Es verdad, hubo una planificación de las tomas y la aplicación de una estrategia de guerra de guerrillas por toda la ciudad”, aseguró el informante a condición del anonimato.
Informes confidenciales de Inteligencia de la Policía Nacional con asiento en Chuquisaca corroboran la versión y sostienen que el Comité Interinstitucional había articulado una estrategia para trabar la Asamblea Constituyente, tomar los cuarteles de la fuerza pública y provocar la renuncia del entonces prefecto David Sánchez.
Ambas fuentes señalan que el ataque al Liceo Militar de La Glorieta y la toma de los cuarteles policiales “no fueron casuales”.
De acuerdo con la fuente católica, en una reunión del ‘Estado Mayor’ del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, dos días antes de los violentos sucesos, se definió también la orientación del cabildo del viernes 23 de noviembre de 2007.
Allí “se decidió la toma de las instalaciones policiales y la intervención de la sesión de la Asamblea en el Liceo”.
“Que lo nieguen, los hechos hablan por sí solos. Si la ira era contra el Gobierno de Evo Morales, ¿por qué no se tomaron también las reparticiones estatales? Los ataques a los cuarteles, además, se dieron antes de que hubiera el primer muerto”.
El cabildo del viernes 23 de noviembre resolvió la apertura de libros de firmas para la autonomía de Chuquisaca y la capitalidad, declarar ilegal a la Asamblea Constituyente y la desobediencia civil al nuevo texto constitucional que emerja del foro.
Como la estrategia de violencia ya estaba en marcha, fue el propio presidente del Comité, Jaime Barrón, quien llevó a la turba a iniciar la toma.
Cuando el cabildo expiraba, al mediodía del viernes 23, Barrón lanzó una arenga a la multitud que se concentró en la plaza 25 de Mayo: “Tenemos que apurarnos porque hay problemas en el Teatro (Gran Mariscal)”, dijo, pese a que aquello no era evidente.
Más que como un comentario, la multitud tomó las palabras de Barrón como una orden y se dirigió rumbo a esas instalaciones para tomarlas y la refriega con la fuerza pública empezó. Ésta concluiría con el repliegue policial a Potosí, 48 horas después, con el saldo de tres muertos, casi tres centenares de heridos y media docena de instalaciones policiales bajo el fuego.
Esperaban 400 muertos
El director del Hospital Santa Bárbara, Gonzalo Medina, una semana antes del conflicto reveló que el centro médico se preparaba para una “gran contingencia”.
Una de las enfermeras del hospital señaló, a condición del anonimato, que durante una reunión interna se había mencionado la cifra de 300 ó 400 muertos y que se instruyó el acopio adicional de “paquetes globulares”, que no es otra cosa que el almacenamiento de mayores cantidades de donaciones de sangre.
La Policía soportó el ataque a todas sus instalaciones repartidas en varios puntos de la ciudad desde la tarde del viernes 23 de noviembre. En la madrugada del domingo, tras intensos enfrentamientos con la turba, la defensa se hizo insostenible y empezaron a caer en manos de la multitud, que se extendía por varios kilómetros a la redonda.
La primera de ellas, la de Bomberos, donde funcionaba también el Batallón de Orden y Seguridad de la Policía, cayó a las 03.50 de la madrugada del sábado 24 de noviembre.
Bomberos fue tomado por incitación de la Televisión Universitaria. El director del canal, Róger González, se puso al frente de las pantallas llamando a la población a aportar gasolina y botellas para la fabricación de bombas caseras, comida y alcohol para los “guerreros” que se encontraban en El Tejar y que se dirigían rumbo al Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade.
El Tejar es la ruta obligada para llegar al liceo, donde sesionaba la Asamblea Constituyente y está a unos dos kilómetros del centro militar.
González repentinamente dijo que había la información de que la Policía quería tomar el canal y que el contingente se aprestaba a salir de la Unidad de Bomberos, muy cerca de allí.
“No podemos permitir que nos acallen por decir la verdad”, expresó el ejecutivo en una transmisión al aire, al tiempo de incitar a la población a dirigirse a aquella repartición.
Apenas una docena de jóvenes bomberos se hallaba en su unidad, con muy pocos elementos químicos para defenderse.
Entre ellos estaba una mujer embarazada de ocho meses que atendía el teléfono. No pudo huir. Fue golpeada y abortó.
La Unidad Operativa de Tránsito, que comparte su espacio con la Mutual del Seguro Policial, empezó a ceder terreno a las 10.30 de la mañana del domingo 25 de noviembre, cuando en la parte posterior de su edificio empezaron a arder unos 50 vehículos que tenía aparcados, menos de la mitad de los cuales eran de su propiedad.
El resto correspondía a unidades recuperadas, retenidas por infracciones de tránsito o en depósito.
Por la mañana, un grupo de presidiarios se amotinó en el penal de San Roque, lo que desató una refriega e intercambio de disparos con la Policía.
Radio Patrullas fue tomada a las 11.15, la custodia del penal de San Roque fue abandonada a la una de la tarde, lo que permitió la salida de decenas de presos de la cárcel. Pocos minutos después se entregaba a la multitud de manifestantes el Comando Departamental de Policía.
En la madrugada del domingo 25, las instalaciones de la Dirección de Impuestos Internos sufrieron un grave incendio provocado por una bomba molotov. Los propios manifestantes destruyeron la puerta y apagaron las llamas.
Rumbo al Liceo
Era un mensaje aparentemente inverso porque cuanto más pedía el Comité Interinstitucional a la población que no se dirija al Liceo Militar, más gente se volcaba hacia esas instalaciones armadas con dinamita repartida desde la propia Alcaldía y el rectorado de la universidad, cuyo rector era Jaime Barrón.
Dos jóvenes ebrios, en diferentes circunstancias y lugares, retuvieron mucho tiempo los explosivos que intentaban lanzar a la policía y perdieron sus manos.
Al atardecer del 24 de noviembre chocaron en El Tejar, un barrio de ex trabajadores ferroviarios, la experimentada Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz y miles de manifestantes.
Frente a frente, conformaron una línea de batalla desigual. Unos 150 hombres de la UTOP contra la ciudad entera que se volcó para alcanzar el Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade para impedir que sesione de la Asamblea, como lo había planificado el Comité Interinstitucional.
En ese momento el objetivo de la multitud estaba a una distancia de dos kilómetros. El domingo en la madrugada les restaba sólo cien metros para coronar su misión.
A la cabeza de las grandes masas compactas estaban los estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, el brazo fuerte y “armado” de las movilizaciones del Comité Interinstitucional.
El domingo 25, los estudiantes y la población ya habían tomado con éxito el Teatro Gran Mariscal de Sucre, el emblema de la Asamblea Constituyente, y el histórico edificio de la Prefectura.
Sus custodios cedieron las instalaciones tras resistir el ataque de la ciudad por casi una hora, mientras el entonces prefecto David Sánchez permanecía “desaparecido”.
Una ‘Guerrilla urbana’
Desde el viernes 23 por la tarde, con ‘maniobras de guerrilla urbana’, vehículos de la Alcaldía y de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas) distribuyeron ‘cupos’ de dinamita, alcohol, coca, viejos neumáticos y leña entre los manifestantes para que éstos les prendan fuego y ardan sobre el asfalto formando enormes barricadas humeantes por toda la ciudad.
Con esa estrategia se cortó el tráfico de vehículos y se impidió el abastecimiento de pertrechos y refuerzo de hombres entre las unidades policiales atacadas.
Con cada cuartel caído se aislaba a la UTOP y se la dejaba a merced de la turba. Como parte de la estrategia del Comité, se bloquearon los principales accesos a la ciudad desde las provincias y el interior del país y se tomó el aeropuerto Juana Azurduy de Padilla.
Los manifestantes recibían permanentemente alimentos, agua y elementos para el combate de forma sostenida.
El embate de la turba hizo retroceder a la UTOP. Fue en esas circunstancias que cayeron mortalmente heridos el abogado Gonzalo Durán y el universitario Carlos Serrudo.
La UTOP contuvo a la ciudad por más de 24 horas continuas en la zona de El Tejar y retrocedió paulatinamente hasta La Calancha, en las puertas del Liceo Militar.
La situación estaba fuera de control. Entre la noche del sábado y la primera hora del domingo 25, un policía era entrevistado por una radio local y llorando pedía que cesen los ataques porque detrás suyo estaban los militares con “órdenes de disparar a la multitud si penetran al Liceo Militar”.
Un jefe militar dijo al periodista del diario La Prensa que si la policía era rebasada en esa zona entraría inmediatamente en acción el Regimiento Segundo de Infantería del Ejército.
Francotiradores
De hecho, en la zona montañosa de El Tejar se observa a cinco francotiradores con uniforme camuflado.
Éstos, según la fuente militar, hicieron disparos disuasivos la madrugada del sábado para evitar que los manifestantes rebasen a la fuerza pública.
Mientras los choques se producían, la Asamblea Constituyente reanudaba sus sesiones por segundo día consecutivo bajo la protección militar y sindical.
Una modificación a su Reglamento de Debates le permitía trabajar los fines de semana inclusive para aprobar el nuevo texto constitucional hasta el 14 de diciembre.
La muerte a 100 metros
En medio de los choques, dos policías de baja graduación abandonaron el combate y corrieron en medio de la noche los cien metros de asfalto que los separaba del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade y los miles de manifestantes que amenazaban con romper la última línea que sus camaradas exhaustos defendían.
Los policías no huían. Tenían la “humillante” misión de pedir auxilio al Ejército, algo que a uno de ellos le disgustaba. Y es que en febrero de 2003, en plena plaza Murillo de La Paz, combatió a los militares que intentaron aplastar un motín de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando tenía el nombre de Grupo Especial de Seguridad (GES).
La fuerza pública llevó en esa guerra de dos días la peor parte al perder a once de sus hombres.
Oliendo a gases y “mierda”, los dos policías lograron hablar con el coronel Víctor Tordoya, comandante del Liceo Edmundo Andrade.
“Mi coronel, mi coronel, no podremos resistir otra media hora de combate. Mi general le pide que ordene a su hombres que nos apoyen porque si no lo hacen entrarán aquí”.
El militar, en una interminable pausa, respira hondo y responde: “Aquí no entra nadie”. Intentaron explicar la situación, pero sus argumentos se ahogaron con otro más contundente: “aquí no entra nadie carajo”.
La policía ya no podía contener a la turba en la calle y los militares se preparan para lo peor.
Dentro del cuartel aguardaban unos 300 hombres armados, uniforme camuflado y pintura de guerra en el rostro, que habían desplegado docenas de cajas con miles de proyectiles dispuestos a ser utilizados para proteger a los asambleístas que acababan de aprobar el proyecto del texto constitucional en su estación en grande.
“Los policías vinieron a eso de la una de la mañana del domingo casi llorando por apoyo. El Ejército no se lo dio porque adentro había un estado total de guerra con armamento pesado y ametralladoras desplegadas y dispuestas a ser usadas.
Si ingresaba la turba al cuartel, que es lo que buscaba en definitiva el Comité Interinstitucional, estuviéramos hablando no de tres muertos, sino de una masacre”, relató en ese entonces el periodista Jhonatan Condori, de la red Erbol, que se hallaba dentro de la instalación militar.
“Emputados con la respuesta del coronel Víctor Tordoya”, los dos policías retornaron a la refriega, donde sus camaradas ya no tenían elementos químicos para repeler a la turba.
En medio de densas cortinas de humo, los uniformados de la UTOP empezaron a retirarse, y cuando ya se había impartido la orden de ceder el terreno de forma definitiva y dejar la posta a los militares del otro lado del campo, los manifestantes también empezaron a retroceder.
La turba estaba agotada a pesar de haber desarrollado constantemente una táctica de relevos.
“Ya no teníamos cómo defender nuestra posición, pero de pronto cesaron los ataques del otro lado. No podíamos creerlo. Ellos no se dieron cuenta de que nosotros ya nos retirábamos del campo”.
Listas negras y ataques selectivos
Una batalla había terminado pero empezaba otra en la convulsionada urbe. Por la ciudad se había desatado una caza de brujas y circulaban por las instituciones públicas, los mercados, la plaza 25 de Mayo, las facultades universitarias y las terminales terrestre y aérea “listas de traidores a Sucre y enemigos de Chuquisaca”.
El temor cundía también entre los medios y periodistas. El director de un medio local contó que sus periodistas fueron perseguidos y golpeados por “gente conocida” y que su radio fue obligada a emitir música y espacios de noticias porque “alguien del Comité Interinstitucional se sentía incómodo con lo que se informaba”.
“Y no podíamos hacer nada porque vivíamos en una situación como en el viejo oeste mientras la Policía no retornara”, indicó un ejecutivo de una estación de radio al advertir que a título de “saqueo” temió que su medio de comunicación fuera destruido.
Otros periodistas que figuraban “en listas negras” que se repartieron por toda la ciudad prefirieron replegarse a sus viviendas ante el temor de ser golpeados.
Los periodistas Jhonatan Condori y Gróver Alejandro Pilco, de la Red Erbol, “no tienen pisada en Sucre”. Ya no regresaron a la ciudad.
Eduardo Coria, de Red Patria Nueva, y Norberto Bohórquez, camarógrafo de canal 7 Televisión Boliviana, estuvieron varios días en la clandestinidad. Todos ellos, además de otros periodistas figuran aún en las “listas negras”.
