El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Daniel Villavicencio, periodista del Correo del Sur, es uno de los que encabeza la oposición a la Ley Contra el Racismo, y utiliza a su gremio para tratar de salvarse de un juicio que le sigue la Fiscalía por actos de racismo cometidos el 24 de mayo de 2008.
Villavicencio llamó este miércoles a que sus bases se sumen a la convocatoria que realiza su sector para la recolección de firmas en libros que entregan en arterias céntricas a la ciudad de Sucre.
Villavicencio y el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dips, son corresponsables de los actos racistas vividos en Sucre en 2008 y ahora están encabezando el rechazo a la norma, el primero, estuvo en una huelga de hambre que se frustro después que la ley se aprobara la semana pasada.
El Parlamento boliviano exigió una investigación penal contra los periodistas de Sucre, al margen de los ya conocidos racistas como el caso del ex presentador de noticias en canal 13, Televisión Universitaria y TV Global: Roger González.
También se los menciona a Delfín Mario Ustariz, del Canal televisivo Bolivision, René Colque y Gonzalo Ibáñez por instigación pública a cometer actos de violencia, racismo y xenofobia.
El sábado 24 de mayo, a horas 04.00 de la madrugada, los periodistas llamaron a la población a la violencia y enfrentamiento con los campesinos, militares y policías que resguardaban el estadio Patria, desplegando adjetivos racistas que aludían al origen, a su condición socioeconómica y a sus ideas.
El informe de diputados coincide con los testimonios escritos, orales y televisivos que dan cuenta de las distorsiones informativas deliberadas en las que incurrieron varios medios de comunicación y periodistas en Sucre para, primero, mostrar ante la opinión pública a las propias víctimas como provocadoras responsables de los sucesos y, segundo, despojar el sentido racista de los sucesos.
Se trata del primer caso en la historia reciente en el que se pide a la Fiscalía una investigación penal a periodistas. Pero, incluso, después de esta demanda, algunos medios, amparados en la Ley de Imprenta de 1925, continúan con sus arengas racistas.
Que se sepa, ningún gremio de los periodistas se pronunció para censurar el comportamiento de esos medios.
Otros casos de periodistas racistas
La Primera Cumbre Social de Mujeres repudió, en un comunicado público, “la falta de objetividad por parte de la cadena televisiva UNITEL y sus tendencias en el tratamiento de la información que conducen a la intolerancia y a fomentar la violencia dañando la dignidad de las personas”.
Un análisis de la Asociación Latinoamericana para la Comunicación Social (Comunican), que organizó en 2005 una misión de observación mediática de las elecciones presidenciales en Bolivia, a invitación de la Asociación Nacional de Periodistas y de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, advirtió que “el acento fue negativo en la mayor parte de los medios de comunicación respecto al candidato Evo Morales, sólo uno por ciento de la información era positiva”. Y “las expresiones de tinte agresivo, clasista y racista respecto a uno de los candidatos particularmente” han continuado extendidas también hacia actores sociales que apoyan al Gobierno.
Artículos de opinión “humorísticos” dicen: “No me extrañaría que los nuevos gobernantes abandonasen a sus cholas y birlochas para unirse a nuevas mujeres más instruidas y finamente perfumadas.” (La Prensa 13-XII-05).
El mismo columnista, en otro medio de alcance nacional (frente a la veda alcohólica): “Veo a Evo Morales sin haber bebido un trago 48 horas antes, pues te encontrarás con un mestizo normal, bastante regordete, con pelos que le cubren hasta la frente y mostrándote una sonrisa de cholito próspero… mientras si se ha tomado unos tragos pensás que el candidato del MAS es un cholo feliz.” (Los Tiempos 15-XII-05).
En Riberalta, Beni, oriente del país, el periodista Jorge Melgar difundió diariamente por mucho tiempo sus arengas antirracistas en el programa radial Camila y Macarena: “Collas raza maldita”. “No debemos permitir que el indio de Evo Morales ni ningún otro indio maldito ponga un pie sobre esta tierra, la vida de él y de otros como él corren peligro si se atreven”.
Detenido por instigación a la violencia y pasado a la justicia, los gremios de periodistas realizaron marchas de “repudio contra el Gobierno por frenar lo que consideran libertad de la prensa”.
Humberto Vacaflor, columnista por aquel entonces del periódico La Razón y hoy en La Prensa, un hombre que trabajó para el MIR de Jaime Paz Zamora, respondió al presidente Evo Morales cuando éste reclamó por algunos “periodistas que son sucios”:
“Nosotros, los sucios periodistas, no somos narcotraficantes, como en cambio lo es el presidente Evo Morales” y “nosotros, los sucios periodistas, no hemos hecho comentarios sobre las dudas que tiene la gente acerca de los hijos del presidente, que sólo se prestan a aparecer cuando hay una campaña proselitista en que se quiere demostrar que a Morales le gustan las mujeres. Ni se ha hecho comentario alguno sobre todo lo que se dice acerca de su también afeminado vicepresidente”, afirmó Vacaflor.
Los adjetivos estereotipados con los cuales la Colonia representaba a los indígenas: “sucios, flojos, mentirosos, ignorantes, ladinos”, fueron usados por Vacaflor: “cuando el Presidente deje de ser ladino”, dijo. “Para hablar conmigo, Evo Morales debe lavarse primero las manos”.
En el oriente, el comentarista Carlos Valverde es conocido por sus expresiones racistas y misóginas, aplaudidas por sus seguidores. Frente a una presunta violación a una menor, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz exigió sanciones para los propietarios de medios que azuzan ilícitos al difundirlos.
El racismo debe ser un ilícito también como la pornografía infantil, la promoción de la guerra o la trata de personas. “No puede haber libertad de prensa, de opinión y de información si estas libertades van a provocar el enfrentamiento, la discriminación y el racismo como se observa en nuestra sociedad”.
Los ilícitos no pueden ser autorregulados. Son delitos sometidos a ley.
Frente a los abusos de los medios contra los derechos humanos, la dignidad de las personas y sus tintes racistas, la sociedad civil exige “sanciones contra las prácticas racistas y los medios de comunicación que se han convertido en los principales difusores de los estereotipos de discriminación y racismo en Bolivia”. Similares pedidos se han recogido en el país.
Estas demandas se reflejan en el proyecto de Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación elaborado de manera conjunta por la Comisión de Derechos Humanos y la sociedad civil, que en uno de sus artículos pide sanción contra los medios que difundan prácticas e ideas racistas. Los legisladores tienen la tarea de reglamentar el proyecto, en sujeción a la ley.
(Tomado de la RED contra el Racismo, para CAMBIO)
