Rafael Puente
El Decreto 1448 nos ha dado la sorpresa de la nacionalización de las últimas empresas eléctricas que quedaban en manos extranjeras. De entrada tenemos que decir que se trata de una medida consecuente. Porque puede explicarse que en determinadas áreas, como el de la exploración y explotación de hidrocarburos, se considere necesaria la presencia de empresas transnacionales, pero es evidente que para la distribución de electricidad sí tenemos capacidad dentro de Bolivia -incluso toda la generación de electricidad ha vuelto a ser empresa nacional-, y por tanto ¿qué tenía que hacer todavía la española Iberdrola distribuyendo electricidad en La Paz y Oruro?
Pero además la explicación que han dado las autoridades es doblemente lógica y convincente, ya que por lo visto Electropaz y ELFEO se daban el lujo de seleccionar a quién le iban a hacer llegar fuerza eléctrica y a quién no, y a qué costo, dependiendo de lo rentable que fuera el servicio; y lógicamente los que salían perdiendo eran una vez más las comunidades y familias de las áreas rurales, que en el caso de La Paz llegaba al extremo de que el precio del kilovatio/hora costaba más del doble en el área rural que en el área urbana.
Está claro que esta falta de equidad no le importa un pito a la empresa española, que no ha venido a servir a nadie sino a hacer negocio a costa nuestra, y es normal que el Presidente de España -que por lo demás parece representar más a las empresas españolas que al Estado español- se enoje de que Evo Morales se meta en los asuntos internos de una empresa amiga suya. Pero ésos son problemas de Rajoy y de Iberdrola; lo que al Estado boliviano le corresponde es hacer cumplir la Constitución (ahí están los artículos 20 y 378) y hacer que la provisión de servicios básicos no se vuelva un negocio privado, sino que sea realmente un derecho ciudadano, y por tanto equitativamente asequible a todos. Consecuentemente, ahora el compromiso de ENDE, nueva responsable de ambas empresas, es equilibrar e igualar las tarifas en ambos departamentos.
El decreto añade que se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores de ambas empresas, lo que sin duda es posible -las transnacionales nunca contratan más gente de la necesaria, en todo caso contratan menos gente de la necesaria-, pero habrá que controlar que se cumpla, pues no ha sido el caso por ejemplo en ELFEC (de Cochabamba), ya que el mero término de nacionalización atrae automáticamente el apetito de quienes creen que tienen más derecho que otros a un determinado puesto de trabajo. En todo caso, se cuenta en el decreto con la afirmación explícita de la continuidad, que ya es algo.
El otro tema que queda pendiente es el de la remuneración o indemnización a la empresa española, que de entrada está exigiendo nada menos que 100 millones de dólares. Una vez más habrá que examinar cuál fue la inversión real que Iberdrola hizo en Bolivia, es decir qué cantidad real de capital trajo de afuera para invertirla en el país, ya que tenemos la amarga experiencia de las muchas empresas capitalizadoras -apadrinadas por Sánchez de Lozada, que por cierto todavía no ha pagado el correspondiente “daño económico al Estado”- que en realidad no invirtieron nada, sino que fueron capitalizando la empresa a partir de sus propias ganancias. No decimos que sea también el caso de Iberdrola, sino que ese organismo independiente que prevé el decreto investigue el caso a fondo y que sea sobre esa base que se negocie con la empresa española (y con su celoso presidente). El plazo es de 180 días.
Y a tiempo de felicitarnos por esta nueva nacionalización, nos atrevemos a preguntar: ¿cuándo será el turno de SABSA, otra empresa española que no nos hace ninguna falta y que se lleva cada día un montón de platita boliviana? Ánimo, presidente Evo, que pronto sólo quedarán las transnacionales mineras (con las petroleras hemos quedado que no nos metemos).
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
